Cuatro asociaciones impugnan convenio con Santa Clotilde ante TSJC.
Cuatro asociaciones han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para solicitar la anulación de un convenio singular entre la Consejería de Salud y el Hospital Santa Clotilde. Este convenio implicaría que el hospital recibiría 256 millones de euros en un período de 16 años, con la posibilidad de ampliarse a 20.
Las asociaciones involucradas en esta acción son la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, Ecologistas en Acción y la Asociación Cultural Ágora Solidaria, todas coordinadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. En una rueda de prensa, los representantes de estas entidades han calificado el convenio como «irregular» y «oscuro», argumentando que desvía áreas importantes de la sanidad pública hacia la empresa privada, lo que perjudicaría a profesionales y ciudadanos cántabros.
Se ha señalado que el Gobierno destinará una generosa dotación a Santa Clotilde para servicios que ya prestaba, así como para nuevos servicios importantes, como los cribados de cáncer de mama y colon, que anteriormente eran realizados exclusivamente por la sanidad pública. Esta situación impediría la mejora de los servicios públicos financiados con impuestos.
Además, se ha denunciado la falta de informes necesarios para respaldar este convenio, así como la realización del mismo sin concurso con otros posibles prestadores, lo que externaliza competencias estatutarias del Gobierno de Cantabria en materia de asistencia sanitaria.
En cuanto a la calidad y exigencias del convenio, se ha destacado que las penalizaciones por incumplimientos son mínimas, lo que ha sido calificado como una invitación a la corrupción. La «cesión» a Santa Clotilde, según las asociaciones, comprometería parte de la asistencia sanitaria en Cantabria por un período prolongado, en un contexto de constantes cambios en las necesidades asistenciales.
Finalmente, se ha mencionado el caso de las lecturas externalizadas de mamografías, señalando que se llevaron a cabo sin necesidad real, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de recursos en el sistema de salud público de Cantabria.
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