El autor del atentado del S-20 es juzgado por muerte de 29 perros en Tagle
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrelavega, Pablo Fernández de la Vega, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra EMG, que se encuentra en prisión provisional, como autor del mortal atentado a la S-20, por la muerte de 29 personas. Perros en una nave industrial Tagle (Suances).
El Ministerio Fiscal, la Federación DEAN (Apárarea Animalelor Cantabria), que ejerce la acusación popular, como el Gobierno de Cantabria piden para este joven de 28 años 18 meses de prisión por un presunto delito continuado de maltrato animal, la máxima sentencia que puede aplicarse por estos hechos.
La Fiscalía y el Gobierno piden otros cuatro años de intercalación especial del imputado por ejercer una profesión, oficio o negocio relacionado con animales o por poseerlos, que el DEAN eleva a cinco.
En materia de responsabilidad civil, Fiscalía exige indemnización al DEAN por los 18 perros muertos que poseía; al Centro Canino Besaya por los gastos de cuidado del perro superviviente; y a la Dirección General de Ganadería, por los gastos de limpieza de cadáveres realizados por la empresa Tragsa.
En el mismo concepto de responsabilidad civil, DEAN solicita una indemnización de 3.323 euros; y el Gobierno de Cantabria, que se indemnice al Departamento de Ganadería con 190 euros.
El auto, de 16 de enero, declara al Juzgado de lo Penal de Santander como órgano competente para pronunciarse sobre el caso.
Contra ella no cabe recurso salvo en relación con la situación personal del imputado, para lo cual cabe recurso de reforma y/o recurso de apelación.
MUERTE DE PERROS
EMG atendió a 30 perros, 29 de los cuales murieron. El caso se presentó contra el dueño de 18 de los perros fallecidos.
Los perros estaban alojados en una nave industrial de Tagle y durante la investigación hubo indicios de que su «cuidador» EMG dejó de proporcionarles comida y bebida, por lo que 29 murieron y otro quedó «muriendo de hambre y al borde de la muerte.».
La muerte de este último se evitó gracias a la intervención realizada en el barco por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el 15 de enero de 2022.
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