El comité de empresa de Cantabria interpone conflictos colectivos por vulneración de derechos sindicales
El comité de empresa del Gobierno de Cantabria, compuesto por UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, INDEPENDIENTES y SUC, ha anunciado la interposición de dos nuevas demandas judiciales por conflicto colectivo contra la Administración autonómica. Estas demandas se centran en la «vulneración de derechos sindicales» y en la cotización a la Seguridad Social de más de doscientos bomberos forestales, quienes han visto reducida su nómina en una media de entre 500 y 700 euros en el pasado mes de diciembre.
En una rueda de prensa, las portavoces del comité sindical del personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria, integrado por 2.300 trabajadores, han denunciado la falta de información y diálogo con la Consejería de Presidencia, representada por Isabel Urrutia. La presidenta del comité, Rebeca Marqué (UGT), ha expresado su descontento ante las condiciones impuestas en las reuniones de negociación, que generan confusión y conflicto.
Tras una reunión sobre los bomberos, el comité de empresa decidió por unanimidad interponer los dos conflictos colectivos debido a las limitaciones impuestas en la negociación con la Consejería de Presidencia. La presidenta ha criticado la falta de documentación entregada y la ausencia de explicaciones sobre la reducción salarial de los bomberos forestales.
Se ha establecido un plazo de 20 días hábiles para que el Gobierno de Cantabria proporcione la información solicitada en las demandas por conflicto colectivo que se presentarán ante el Juzgado de lo Social. La falta de mejoras salariales y condiciones laborales obsoletas en el personal laboral del Gobierno de Cantabria ha sido resaltada, en contraste con acuerdos en otros sectores como el Servicio Cántabro de Salud o el de Justicia.
Además, se ha señalado la falta de avances en la nueva Ley de Función Pública, así como en el convenio colectivo pendiente de resolución. El conflicto colectivo por la bolsa de empleo para las sustituciones también ha sido mencionado, junto con la escasez de personal en Servicios Sociales.
Para concluir, los portavoces sindicales han criticado la falta de inclusión por parte del Gobierno regional, especialmente en relación con la oferta pública de empleo destinada a personas con discapacidad intelectual, que sigue sin concretarse en términos de temario adaptado y puestos adecuados para su integración social.
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