El Gobierno de Cantabria niega haber solicitado la expulsión de menores migrantes y critica la «polémica artificial»
Precisamente todo lo contrario: buscamos protegerles, buscamos el interés superior del menor, buscamos que tengan un adecuado lugar para vivir, porque Cantabria es y será solidaria, y queremos tratar a estos niños con la debida dignidad y con la adecuada protección», ha asegurado Gómez del Río.
Así, ha incidido en que «Cantabria no ha iniciado ningún expediente de repatriación, ni queremos expulsar a menores no acompañados de Cantabria. Es rotundamente falso y, además, es absolutamente imposible porque la competencia es de Delegación de Gobierno».
«Lo único que ha hecho el Gobierno de Cantabria es garantizar el bien superior del menor y, precisamente por ello, cumpliendo escrupulosamente la legalidad, la Ley de Extranjería, hemos pedido al Gobierno de España que solicite información de las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática», ha insistido.
Al hilo, ha explicado que «los distintos instrumentos internacionales de protección de los menores» apuntan a que éstos tienen que ser cuidados en su núcleo familiar.
«Es la primera medida que se tiene que buscar. Por lo tanto, cuando un menor extranjero o no acompañado refiere que tiene ese vínculo familiar, se pone en conocimiento de Delegación de Gobierno», ha expuesto la titular de Inclusión Social acompañada de la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce.
Ambas han explicado que los 18 expedientes remitidos a la Delegación son un modelo en el que se solicita a esta administración que «indague sobre las circunstancias de los menores en su país de origen», pidiendo información a las distintas oficinas consulares, a la Fiscalía, a los Servicios Sociales y hablando con los propios tutelados.
«Lo que ha hecho el Gobierno es pedir a la Delegación de Gobierno que valore iniciar un procedimiento para saber lo que es mejor para los menores: que permanezcan en nuestra comunidad autónoma, dentro del sistema, o que regresen a vivir con sus familias», ha reiterado la consejera, que ha insistido en que «tienen que tomar ellos esa decisión» y que «Cantabria no puede repatriar a ningún menor».
POLÉMICA «NO ES CASUAL»
Gómez del Río y Arce han criticado que el Ejecutivo cántabro estaba a la espera de respuesta de la Delegación y la ha obtenido a través de los medios. Y es que, para la consejera, esta polémica «no es casual» teniendo en cuenta que este lunes se celebró la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
Una reunión en la que ha denunciado que las autonomías pidieron datos e información en torno al reparto de menores que no se les facilitó -como cuál es la capacidad de acogida de las comunidades o cuántos menores pretenden trasladar a la península-, además de que se les «prohibió votar» cuando anunciaron que iban a hacerlo «en contra de los planes del Gobierno».
De hecho, la titular de Inclusión ha detallado que Cantabria inició los trámites que ha remitido a la Delegación en el mes de marzo, tras el mandato del Tribunal Supremo que llamó al Gobierno central a acoger a los menores no acompañados que habían solicitado asilo y a raíz de la entrada en vigor del real decreto sobre el reparto entre las comunidades.
«Cantabria lo que ha hecho es un trabajo serio y concienciudo. Lo que queremos es planificar, programar, ver hasta qué punto tenemos un sistema de protección que pueda acoger a los menores», ha manifestado la consejera tras volver a denunciar que, desde el Ejecutivo central «no se nos ha facilitado nada» de información.
«Necesitamos que nos den datos e información, que nos digan una programación, una planificación, cómo quieren que se cuide a estos menores, en qué momento quieren trasladarlos, qué comunidades tienen que protegerlos».
En este punto ha trasladado que, «curiosamente, solo una comunidad autónoma, la de Cataluña, manifestó [en la Sectorial de este lunes] que era una de las comunidades autónomas que más había acogido, cuando el resto no sabíamos porque no tenemos los datos».
Finalmente, ha reiterado que «Cantabria es y será solidaria, protegerá al menor dignamente» pero «dentro de las capacidades, con las condiciones dignas».
A día de hoy, la comunidad tiene acogidos a veinte menores migrantes más seis que ya han cumplido la mayoría de edad pero a los que se les mantienen medidas de apoyo mientras terminan sus estudios o encuentran un trabajo.
Es rotundamente falso y, además, es absolutamente imposible porque la competencia es de Delegación de Gobierno».
La consejera ha reiterado que la prioridad del Gobierno de Cantabria es garantizar el bienestar de los menores no acompañados, cumpliendo escrupulosamente la legalidad y solicitando información sobre sus circunstancias familiares para que se tomen decisiones en base a su interés superior. En este sentido, ha explicado que se han remitido 18 expedientes a la Delegación del Gobierno para que indaguen sobre las circunstancias de los menores en su país de origen, en línea con los instrumentos internacionales de protección de los menores que señalan la importancia de cuidarlos en su núcleo familiar.
Gómez del Río ha destacado que Cantabria no puede repatriar a ningún menor y que la decisión sobre su futuro debe ser tomada por ellos mismos. La consejera ha criticado la falta de colaboración por parte del Gobierno central en la información solicitada, especialmente en el contexto de la reciente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde las comunidades autónomas no recibieron datos relevantes sobre el reparto de menores.
En este sentido, ha denunciado que Cantabria ha trabajado de manera seria y planificada para acoger a los menores no acompañados, pero se ha encontrado con la falta de información por parte del Gobierno central. La consejera ha insistido en la necesidad de contar con datos e información para poder cuidar adecuadamente a estos menores, en línea con la solidaridad y el respeto a su dignidad que caracterizan a la comunidad autónoma.
A día de hoy, Cantabria acoge a veinte menores migrantes, además de seis mayores de edad a quienes se les brinda apoyo hasta que completen sus estudios o encuentren un empleo. La consejera ha reiterado el compromiso de Cantabria con la protección de los menores, dentro de sus capacidades y con condiciones dignas, reafirmando que la comunidad autónoma seguirá siendo solidaria en este sentido. «Es completamente falso y, además, absolutamente imposible debido a que la competencia corresponde a la Delegación de Gobierno.»
«El Gobierno de Cantabria simplemente ha garantizado el bienestar superior del menor y, por esa razón, cumpliendo estrictamente con la legalidad y la Ley de Extranjería, hemos solicitado al Gobierno de España que busque información sobre las circunstancias familiares del menor a través de la representación diplomática», insistió.
En relación a esto, se explicó que los diversos instrumentos internacionales de protección de menores indican que estos deben ser cuidados en su entorno familiar.
«Esta es la primera medida que se debe tomar. Por lo tanto, cuando un menor extranjero o no acompañado menciona tener ese lazo familiar, se informa a la Delegación de Gobierno», explicó la titular de Inclusión Social junto a la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce.
Ambas explicaron que los 18 expedientes enviados a la Delegación solicitan que esta administración «investigue las circunstancias de los menores en su país de origen», solicitando información a las diferentes oficinas consulares, a la Fiscalía, a los Servicios Sociales y hablando con los propios tutelados.
«Lo que ha hecho el Gobierno es pedir a la Delegación de Gobierno que considere iniciar un procedimiento para determinar lo que es mejor para los menores: si deben permanecer en nuestra comunidad autónoma, dentro del sistema, o regresar a vivir con sus familias», reiteró la consejera, enfatizando que «ellos deben tomar esa decisión» y que «Cantabria no puede repatriar a ningún menor».
CONTROVERSIA «NO ES CASUAL»
Gómez del Río y Arce criticaron que el Gobierno cántabro estaba esperando una respuesta de la Delegación y la obtuvo a través de los medios. Según la consejera, esta controversia «no es casual» considerando que el lunes se celebró la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
En dicha reunión, se denunció que las autonomías solicitaron datos e información sobre la distribución de menores que no se les proporcionó, como cuál es la capacidad de acogida de las comunidades o cuántos menores se pretende trasladar a la península, además de que se les «prohibió votar» cuando anunciaron que lo harían «en contra de los planes del Gobierno».
De hecho, la titular de Inclusión detalló que Cantabria inició los trámites enviados a la Delegación en marzo, tras el mandato del Tribunal Supremo de que el Gobierno central acogiera a los menores no acompañados que habían solicitado asilo, y como resultado de la entrada en vigor del real decreto sobre la distribución entre las comunidades.
«Cantabria ha realizado un trabajo serio y meticuloso. Lo que queremos es planificar, programar, ver hasta qué punto tenemos un sistema de protección que pueda acoger a los menores», manifestó la consejera al denunciar nuevamente que el Gobierno central «no nos ha proporcionado ninguna información».
«Necesitamos que nos den datos e información, que nos brinden una programación, una planificación, cómo quieren que se cuide a estos menores, en qué momento quieren trasladarlos, qué comunidades deben protegerlos».
En este punto, se mencionó que, «curiosamente, solo una comunidad autónoma, Cataluña, afirmó [en la Sectorial de este lunes] que era una de las que más había acogido, mientras que el resto no sabíamos porque no tenemos los datos».
Finalmente, se reiteró que «Cantabria es y será solidaria, protegerá al menor dignamente» pero «dentro de sus capacidades y con condiciones dignas».
Actualmente, la comunidad tiene acogidos a veinte menores migrantes, además de seis que ya han alcanzado la mayoría de edad pero a quienes se les brinda apoyo mientras completan sus estudios o consiguen empleo.
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