El PRC propone medidas para apoyar a los celiacos en Cantabria
La diputada del PRC, Paula Fernández, presentará un acuerdo al Pleno del Parlamento para implementar medidas que mejoren la atención y el diagnóstico, así como para brindar apoyo económico a las personas celiacas y con sensibilidad al gluten en Cantabria.
Tras la asignación de una partida específica de 30.000 euros en el Presupuesto de 2026 con este fin, Fernández busca ampliar las acciones en respuesta al creciente impacto de esta enfermedad, que afecta a más de 5.000 personas en la región, sin contar aquellos con intolerancia al gluten no celiaca que también requieren una dieta estricta.
Según estudios citados por la parlamentaria, mantener esta alimentación supone un sobrecoste mensual de alrededor de 100 euros, llegando a los 1.200 euros anuales, lo cual representa un desafío adicional para muchas familias. Para mitigar este impacto económico, propone la urgente tramitación en las Cortes Generales de una proposición de ley estatal de compensación económica para las personas celíacas, siendo esta la mejor manera de abordar el tratamiento eficaz para la enfermedad.
A nivel autonómico, la propuesta del partido regionalista incluye la implementación de ayudas económicas destinadas a este colectivo, con el objetivo de compensar parcialmente el coste de los productos sin gluten. Además, se busca fortalecer las políticas de diagnóstico precoz a través de acciones de formación y sensibilización dirigidas a profesionales sanitarios y a la población en general.
Asimismo, se plantea la elaboración de una estrategia autonómica específica que integre programas de información, educación sanitaria y formación para el personal sanitario y el sector de la restauración. Se aboga por la implantación de protocolos de atención, seguimiento clínico y asesoramiento nutricional en coordinación con el Servicio Cántabro de Salud y las asociaciones de pacientes, así como por la creación de un registro autonómico que contribuya a mejorar el conocimiento epidemiológico y orientar las políticas públicas en este ámbito.
En resumen, se destaca la necesidad de reforzar las políticas públicas para mejorar la atención sanitaria y brindar apoyo social y económico a las personas afectadas. Finalmente, se resalta la importancia de garantizar entornos alimentarios seguros en centros educativos, sanitarios y sociales.
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