La Junta de Personal del Gobierno denuncia falta de actualización de fichas de puestos desde 1986
La Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, integrada por los sindicatos TU, CCOO, SIEP, CSIF y UGT, ha levantado la voz para denunciar una situación preocupante en la Administración autonómica. Según han señalado, muchos funcionarios continúan trabajando con fichas de puestos que no han sido actualizadas desde 1989, lo que representa casi 40 años de obsolescencia en la descripción de las funciones laborales.
Esta falta de actualización ha generado discrepancias entre las tareas asignadas en los documentos y las responsabilidades reales que desempeñan los empleados a diario. Los sindicatos han advertido que esta discrepancia podría llevar a disfunciones graves que afecten el funcionamiento adecuado de la Administración e incluso podrían llevar a la paralización de la actividad ordinaria.
A pesar de que en 2016 el Gobierno de Cantabria contrató a una empresa privada para analizar y actualizar estas fichas, hasta la fecha no se han compartido los resultados de este trabajo con los sindicatos. Además, la Mesa Técnica de Fichas de Puestos, encargada de abordar esta problemática, no ha sido convocada a pesar de las solicitudes reiteradas.
Ante esta situación, la Junta de Personal ha denunciado la falta de transparencia y la inacción administrativa, exigiendo con urgencia la actualización de las fichas de puestos de trabajo, la convocatoria inmediata de la Mesa Técnica y el acceso a la información sobre el contrato adjudicado en 2016.
Esta falta de actualización no solo afecta el funcionamiento interno de la Administración, sino que también repercute en los procesos selectivos y la movilidad de los funcionarios. Por ejemplo, el Cuerpo General Auxiliar de nuevo ingreso ha finalizado su proceso selectivo en enero de 2025, pero a más de un año después, aún no han tomado posesión de sus plazas los 75 aspirantes seleccionados.
La Junta ha destacado que esta problemática no solo es una cuestión laboral, sino que afecta directamente a la eficacia de la Administración y a la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Es fundamental resolver esta situación para garantizar un funcionamiento óptimo de la Administración y el respeto a los derechos y responsabilidades de los funcionarios.
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